La muerte y la ley

Excepto para el gobierno cubano y sus partidarios todo parece indicar que la muerte del disidente Juan Wilfredo Soto García se debió a la golpiza que le propinó la policía mientras se encontraba esposado. Menos claro queda si se trata de un asesinato premeditado o se debió a un “accidente” en el marco de la represión de “baja” intensidad (definición con la que estarán en desacuerdo los que la sufren) que domina por estos días la relación entre las autoridades y los opositores en Cuba. En cualquier caso sería un error responder a esta muerte del mismo modo en que se hizo cuando la muerte de Orlando Zapata. Si en el asesinato de este último participó toda la cadena de mandos del castrismo y no dejaba más opción que condenar al gobierno en pleno la responsabilidad concreta de los policías que golpearon a Soto García permite -y obliga a- exigir un juicio contra los responsables de la golpiza.

En momentos en que se habla de cambios vale la pena que la oposición y la incipiente sociedad civil cubana se proponga explorar los límites de estos en el plano legal por el simple expediente de exigir justicia allí donde se ha cometido un crimen. Así el gobierno de la isla se verá ante una clara disyuntiva: o somete a juicio a los responsables o se hace públicamente cómplice de la muerte de Juan Wilfredo y reclamará su condición reiteradamente asesina sin la timidez de otras ocasiones. Exigir que se someta a juicio a los asesinos de Soto García no es poca cosa en un país en el que cada día decenas de ciudadanos son maltratados por la policía independientemente de sus opiniones políticas y sin que medie otro motivo que la total impunidad de que gozan las llamadas fuerzas del orden. Pasar de la simple acusación a exigir justicia no es poca cosa en un país donde tdo parece tender a la abstracción.