La ley y la trampa

Aunque sea un recurso burdo y repetido  el procedimiento de acusar a opositores políticos de delitos comunes -como en el caso de la reciente condena de Ángel Santiesteban por “violación de domicilio y lesiones” (la acusación inicial era por violación de domicilio, lesiones violación, robo con fuerza en las cosas y daños)- no deja de ser eficaz. No sólo permite encerrar al activista incómodo por un buen rato sin pagar un excesivo precio político sino que intenta destruir su reputación y sembrar la duda entre los que lo defienden. O ponerlos en la disyuntiva de defender un crimen común en nombre de la causa de que se trate, algo todavía más incómodo si entra en el terreno de la violencia doméstica.

En el caso de Santiesteban, ante la falta de pruebas que lo condenen o lo absuelvan, uno se tiene que atener a las evidencias. La evidencia –por ejemplo- de que Angel (a quien no conozco personalmente, por cierto) se ha comportado como lo haría un inocente y el gobierno, en cambio, con todos los ardides del que se sabe culpable. La resolución del escritor a no aceptar siquiera una multa por el incidente de que se lo acusa contrasta con el momento elegido por el gobierno para hacerle sentir el peso de la ley. La acusación viene desde  el momento en que mayor era el activismo de Santiesteban: tras un período de relativa calma y cuando parecía que el gobierno había desistido de encarcelarlo lo detienen junto con Rodiles por pedir la libertad de una abogada y es entonces que lo condenan a cinco años. (Todo esto bajo la supervisión –nunca se olvide- de un ministro del interior de quien se dice que baleó a su amante sin que nunca respondiera por ello). La condena al escritor se impone justo en los días en que el gobierno anuncia que va a aplicar con mayor rigor la licencia extrapenal, un modo claro de intimidar a todos los disidentes excarcelados para que limiten su activismo. No es difícil adivinar en todos estos hechos la implantación de un nuevo patrón represivo.

El escritor insiste en que a la mujer y al hijo los presionaron de cara al juicio y que al menos la mujer esta dispuesta a declararlo. La práctica es común por parte del régimen: madres afirmando que sus hijos eran delincuentes comunes, médicos dispuestos a declarar que un disidente golpeado en público ha muerto al día siguiente por causas naturales. Ante circunstancias así Ángel Santiesteban merece el beneficio de la duda mientras que un sistema que dispone de todos los medios para que la ley se tuerza en dirección a sus intereses, no. Lo menos que se puede decir  de Angel Santiesteban es que no ha tenido un juicio justo y eso bastaría para exigir su libertad. Eso también se puede decir de cada una de las personas condenadas por el sistema judicial cubano, sean culpables o no, pues lo mismo condena por delitos no reconocidos como tales por ningún sistema democrático que administra la severidad de las penas según la conveniencia política del momento. Lo que hace de estas condenas por venganza política algo más relevante que otras es que ellas permiten ver de modo más claro la falta de legitimidad de un sistema jurídico que condena y perdona sin tener el más mínimo respeto aún por sus propias leyes; que ha convertido su código penal en un conveniente sistema para intimidar a todo el que desafíe su poder; porque delata, más claramente que en otros casos, su franca y consistente arbitrariedad. Que en Cuba lo que se entiende por ley no es más que un pérfido sistema de trampas diseñadas excluivamente para que siempre ganen los mismos, para que siempre perdamos todos.